A CADA CHANCHO LE LLEGA SU SAN MARTIN
ESTA ES LA VIEJA HIJA DE PUTA
QUE ESTAN EN EL PODER PARA ROBAR
ANDA CON EL ACTO REVOLUCIONARIO
A LA PUTA MADRE QUE TE PARIO
CADA UNO PIENSA DISTINTO
ESTOS SON LOS CRIMINALES PSICOLOGICOS
El fiscal federal Carlos Stornelli imputó hoy a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por haber llamado a una marcha para resistir al Gobierno de Mauricio Macri.
Stornelli abrió formalmente una causa para investigar la denuncia que presentó el abogado Guillermo Fanego contra Bonafini por los delitos de incitación a la violencia colectiva, con una pena de tres a seis años de prisión, y atentado contra el orden público, informó la agencia DyN.
Además, el fiscal le pidió al juez federal Julián Ercolini las primeras medidas de prueba que son obtener los dichos públicos de la titular de Madre de Plaza de Mayo.
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– Sueños compartidos | Condenan a la Fundación de las Madres a pagar 35 millones de pesos
Es por el incumplimiento de contratos con la Corporación Buenos Aires Sur. Cuáles son los argumentos de Bonafini que fueron descartados.
La Justicia porteña condenó hoy a la Fundación Madres de Plaza de Mayo a pagar 33 millones de pesos por incumplimiento de contrato, en el marco del juicio que le había entablado la Corporación Buenos Aires Sur y con la que se había asociado para fabricar paneles de construcción de casas, como parte del proyecto Sueños Compartidos, que acabó luego de un escándalo político entre Hebe de Bonafini y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
Según se informó, la justicia porteña hizo lugar al reclamo efectuado por incumplimiento de contrato, en donde se señala que la Fundación no cumplió con el pago por la compra de los activos correspondientes a la Sociedad del Estado local, tras la disolución en el año 2008 del “Consorcio de Cooperación” creado un año antes para desarrollar y concretar planes de vivienda. En la sentencia también se ordena el reintegro de los costos asumidos por la Corporación ante alquileres impagos del edificio ubicado en Pedro de Mendoza al 3800, entre los años 2008 y 2010.
La decisión fue tomada por el juez Marcelo López Alfonsín, del juzgado N° 18 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, y fue firmada el 10 de noviembre, aunque recién se conoció hoy a través de la página de noticias del Consejo de la Magistratura porteño.
El caso. En 2007, Sergio Schoklender, apoderado de las Madres en el consorcio que integraron con la Corporación Buenos Aires Sur, promocionaba la planta que se había inaugurado en la calle Pedro de Mendoza frente al Riachuelo, un edificio de 5000 metros cuadrados que fue alquilado por 10 años.
Según publicó en su momento Página/12, para llevar adelante el proyecto, las Madres y la Corporación integraron un consorcio de cooperación y compraron maquinaria -tecnología italiana- por valor de dos millones de euros.
Pero en 2008 se disolvió el consorcio de cooperación y, según se desprende del fallo conocido hoy, la Fundación de las Madres se habían comprometido a comprar los activos correspondientes a la sociedad creada con la Corporación Buenos Aires Sur.
Cuánto pagarán. Ahora, el juez López Alfonsín condenó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo a abonar a la Corporación Buenos Aires Sur la suma de 33.754.413,42 pesos, más sus intereses y costas, por incumplimiento de contrato, indicó la agencia DyN.
La suma de la condena impuesta se compone de “32.460.617 pesos correspondientes al capital adeudado conforme lo dispuesto en el convenio de disolución del Consorcio de Cooperación, en el cual la Fundación, ante su interés de continuar con el proyecto, acordó comprar por dicho monto la participación de la Corporación en el consorcio”.
Pero esa compra no fue concretada ya que, a pesar de haber acordado suma y forma de pago, posteriormente la Fundación cuestionó la tasación efectuada por el Banco Ciudad, se indicó.
A la cifra también “se suman 236.446 pesos por el pago efectuado por orden judicial por la Corporación Buenos Aires Sur al propietario del inmueble ubicado en la avenida Pedro de Mendoza 3825, con motivo de adquieres impagos”.
Y finalmente se estableció la suma de 1.057.350,42 pesos por pagos extrajudiciales, también correspondientes a meses de alquiler no pagados por la Fundación.
No ha lugar. “Por carecer de forma absoluta de significación jurídica para la resolución del caso, no se considerarán las manifestaciones de la demandada en cuanto a la entidad o bondad del proyecto de viviendas sociales, ni sus referencias políticas relativas al cambio de comportamiento contractual en conjunto con el cambio de autoridades en el Gobierno de la Ciudad”, sostuvo el juez.
OTROS SI DIGO
– BONAFANO Y LOS ladrones y criminales: BRANCATELLI Y ANGUITA.
HAY QUE DESTAPAR EL CAJON
Y
DESCUBRIREMOS LAVERDAD
NO HACE FALTA ESCRIBIR
MUCHAS PALABRAS
Imputaron al ministro Kicillof por enriquecimiento ilícito
EL PODER DESPUES DEL PODER
LO ROBADO TIENE QUE DEVOLVER AL PUEBLO
MILAGRO SALA
YA ROMPIO LOS HUEVO 12 AÑOS
SOLICITA DIALOGO
LO MEJOR DE BABY SIN PELOS EN LA LENGUAS
TODOS TIENEN QUE ESTAR PRESO
COMO VIDELA
MACRI BAJA LA CAÑA O TE COJEN
Pacto con Irán: un juez acusó a Cristina de traición a la Patria
Una resolución que el kirchnerismo bloqueó durante meses.Se trata del miembro de la Cámara de Casación, Juan Carlos Gemignani. Lo hace en un voto que hasta ahora era reservado.
Por Daniel Santoro
El motivo de tantas maniobras políticas era hasta ahora un misterio político. Cristina Kirchner hizo remover en mayo al juez Luis Cabral de la Cámara de Casación. Luego hizo recusar a su colega Juan Carlos Gemignani y nombrar a dos abogados K. Todo después de que Gemignani firmó y guardó en una caja fuerte su voto sobre el pacto con Irán por la AMIA porque se había enterado que su explosivo contenido había llegado a oídos del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, uno de los operadores judiciales de Cristina. Si Cabral hubiese sumado su voto al de Gemignani el pacto hubiese sido declarado inconstitucional en mayo y Cristina seguramente ya habría sido acusada por su accionar.
Ahora Clarín accedió en exclusiva a una copia de ese voto de Gemignani que declara inconstitucional el pacto con Irán y acusa a Cristina, al ex canciller Héctor Timerman y otros de haber transferido la soberanía argentina a Irán, al que llama "el estado sospechoso" de haber ordenado el atentado. Esa transferencia de soberanía a otro país se encuadra en el delito de traición a la Patria.
"Cualquier fiscal puede ahora pedir ese voto y acusar a Cristina y a Timerman de encubrimiento de los iraníes y traición a la Patria lo que está implícito en el escrito", afirmó una alta fuente judicial.
El voto de 47 páginas reivindica con jurisprudencia y argumentos jurídicos de peso la denuncia de Nisman por encubrimiento de los cinco iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado. La denuncia de Nisman fue archivada por el juez federal Daniel Rafecas. El fiscal de Casación, Raúl Pleé, pidió ya mandar la documentación secreta de Cancillería a Rafecas para reabrir esa causa. Ahora el voto de Gemignani es otro argumento de peso en ese sentido.
El pacto con Irán era inconstitucional -dijo Gemignani- también porque el atentado contra la AMIA de 1994 había sido declarado delito de lesa humanidad por la Justicia y por un decreto del ex presidente Néstor Kirchner en el 2006.
Gemignani citó el fallo de la Corte del llamado caso Julio Simón (quien usó el nombre de guerra "turco" Julián) en que declaró inconstitucional las leyes de Obediencia Debida y Punta Final y reivindicó la soberanía de la Argentina para investigar a los represores que habían empezado a ser reclamos por la Justicia de España. Incluso votó a favor Eugenio Zaffaroni, cercano al kirchnerismo.
Al aceptar Gemignani la declaración de inconstitucionalidad pedida por la AMIA y la DAIA, afirmó que el Gobierno de Cristina y los legisladores que votaron el pacto cometieron "una triple lesión a la soberanía nacional".
Por un lado, aceptar la comisión de la Verdad -que iban a integrar cinco juristas internacionales- significaba "admitir injerencia extranjera" sobre el juez Rodolfo Canicoba Corral, que tiene la causa AMIA. Por otro, "se autorizaba a Irán a nombrar parte de sus miembros" y, además, "se prohíbe que esté integrado por argentinos".
Luego destaca que el artículo 19 de la Constitución prohíbe al presidente ejercer funciones judiciales y destaca que "no hay antecedentes" en la historia del juzgamiento de atentados terroristas que un estado permita la creación de una comisión especial y que "ceda a otro país la designación de los integrantes de la comisión".
Las normas del pacto "conforman una considerable restricción del ejercicio de la potestad de encarcelamiento" del juez "en cuanto establecen dejar sin efecto las alertas rojas sobre los responsables", que era uno de los puntos que denunció Nisman contra Timerman. La opinión de Cristina de que el pacto iba a ayudar a resolver el atentado contra la AMIA "es una cosmovisión tan simplista, infantil y reduccionista que conforma en su esencia la negación de la idea de la responsabilidad" del ataque, finalizó Gemignan
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